Archivan denuncia contra magistrados de la CSJ

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Archivada quedó la denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Eduardo Ayú Prado Canals(Presidente), Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, relacionada con viajes al exterior en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Rubén Rosas, hoy miembro del partido panameñista.

Los magistrados José Eduardo Ayú Prado Canals, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, directivos de la Corte Suprema de Justicia, fueron denunciados por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que en su momento consideró que los magistrados habían incurrido en el supuesto delito de peculado de uso.

Para los miembros de la precitada comisión, los magistrados no habían incurrido en la falta denunciada, y fundamentaron su apreciación en la consideración emitida por la Contraloría General de la República, que determinó que las giras estaban relacionados con las funciones del Órgano Judicial y no representan lesión patrimonial .

La Contraloría, concluyó que “los desembolsos cuentan con los respectivos sustentos y que no se observó que se hicieran pagos simultáneos en concepto de viajes realizados a nivel local e internacional que evidencien la existencia de una dualidad”.

La denuncia que interpuso Alianza Ciudadana Pro Justicia, se acompañaba del informe emitido por el propio Órgano Judicial, que reseñaba que según los magistrados José Eduardo Ayú Prado Canals y Hernán De León estuvieron en países distintos en la misma fecha, posterior a la denuncia, directivos de la Corte explicaron que se trataba de un ‘error’ del informe.

La acción legal de la Alianza Ciudadana Pro Justicia señalaba que el magistrado Hernán De León viajó entre el 13 y 19 de octubre de 2013 a Taiwán, con un viatico de 2 mil 450 dólares, mientras que entre los días 16 y 29 de octubre de ese mismo año, viajó a España a un curso de formación judicial, con un viático de 9 mil 800 dólares. Es decir, que entre el 16 y 19 de octubre, el jurista, según la denuncia estuvo en dos países diametralmente opuesto uno de otro en una misma fecha, Taiwán en el Pacífico y España, en el Atlántico, en el viejo continente.

La denuncia por parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia fue interpuesta ante la Asamblea en el mes de enero de este año, Órgano del estado que por mandato constitucional investiga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La Carta Magna de la República de Panamá, señala en el Artículo 160: “Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes”.

Contempla la Supra Norma en su Artículo 206, Acapite 3: “Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un gente de instrucción”.
“Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial”.

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