Argentina: Exministro niega delito en Banco Central

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Buenos Aires (EFE).- El exministro de Economía (2013-2015) Axel Kicillof rechazó hoy que existiera algún delito en las operaciones en el Banco Central durante su gestión y remarcó que la causa que investiga presuntas irregularidades en el organismo se trata de “un caso de denuncia política armada”.

El actual diputado se expresó así ante los medios de comunicación tras presentar un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio, que le había citado a declarar hoy en el marco de la investigación, en un tribunal de Buenos Aires.

“Lo primero que se observa (en el expediente) es que no hay ningún delito ni de corrupción ni de cohecho. (A) ningún funcionario ni del Banco Central ni del Poder Ejecutivo no hay acusación de corrupción”, señaló el exjerarca.

Bonadio investiga millonarias pérdidas ocurridas en la institución bancaria durante el tramo final del segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien está citada a declaración indagatoria mañana.

La causa parte de una denuncia presentada en 2015, cuando aún Fernández presidía el Ejecutivo, contra el extitular del Banco Central argentino Alejandro Vanoli y el resto del directorio del Banco Central por los diputados Federico Pinedo, de Propuesta Republicana (Pro, partido liderado por el actual presidente, Mauricio Macri), y Mario Negri, de la Unión Cívica Radical (aliada al actual Gobierno).

“La denuncia, tanto lo que dijo el fiscal como lo que dijeron los denunciantes, ambos dijeron que era un problema del valor del dólar futuro, que no tenía que ver con cohecho y menos todavía con miembros del ejecutivo y menos con la expresidenta”, aseveró Kicillof.

“En base a pruebas inexistentes se ha citado a declarar a mi persona y a la presidenta”, lamentó.

Además, consideró que este es “claramente” un caso de “denuncia política armada donde no hay ninguna acusación”.

“Se llama a declarar a muchos testigos, todos testigos de Cambiemos (frente gobernante actual) que no están de acuerdo con nuestra política económica. Pero lo que están tratando de juzgar no es materia penal, es la política económica. Eso es claro”, indicó Kicillof.

Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central habría pactado vender dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos por unidad).

El diputado defendió la gestión en el banco durante su periodo como ministro y señaló que es “perfectamente legal que el Banco Central opere en el mercado”.

“Cada vez que el Banco Central interviene en un mercado obtiene ganancias o pérdidas contables, por definición. Pero el caso es que el Banco Central no es un banco comercial privado que persigue la máxima ganancia con sus operaciones”, apuntó el exministro en el escrito entregado al juez.

“Su objetivo, según la Carta Orgánica, es hacer política monetaria, no maximizar sus ganancias o evitar las pérdidas”, concretó.
En su defensa, Kicillof arremetió contra la política del actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri.

“Como queda claro luego del cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015, la mega-devaluación implementada y la ausencia de intervención en el mercado de futuros ha resultado en el incumplimiento por parte del Banco Central de todas y cada una de sus funciones”, lamentó.

En este sentido, opinó que con la “mega-devaluación” -fruto del fin a las restricciones cambiarias- “llevada adelante por la actual conducción del Banco Central”, la estabilidad financiera “se ha visto profundamente deteriorada como lo muestran los continuos vaivenes en el valor del dólar y las consecuencias de esta devaluación están afectando negativamente el empleo y el desarrollo económico con equidad”.

Por otro lado, la Cámara Federal confirmó a Bonadio en la causa y no dio lugar a una denuncia presentada por el miembro del directorio del Banco Central Pedro Biscay, quien declaró el pasado 4 de abril en el marco de la misma investigación y había pedido que se apartase al juez por supuesta pérdida de imparcialidad.

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