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Autopista Arraiján-La Chorrera, se busca solución

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Se abre la posibilidad de finalizar la autopista Arraiján-La Chorrera con la ejecución de la fianza de cumplimiento anunciada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la obra adjudicada en el año 2010 a la constructora de los bocatoreños hermanos Ochi, Transcaribe Trading (TCT), por un monto de 161 millones 800 mil dólares.

Ramón Arosemena, titular de la cartera de Obras Públicas, dijo que desde que tomó los controles del ministerio, advirtió a la empresa de fallas en la obra y exigió reparaciones que no se han ejecutado.

Con el incumplimiento de la empresa Transcaribe Trading, el MOP, con el visto bueno de la Contraloría General de la República, optó por ejecutar la fianza de cumplimiento, proporcionada por Aseguradora Global y que cubre el 25% del valor del contrato.

La aseguradora procederá a realizar sus propias evaluaciones para determinar la validez del reclamo, conocedores del tema de las aseguradores indican que, como el proyecto fue aceptado durante la pasada administración, habrá que determinar si lo que se exige es reparar defectos como parte de la garantía o si se trata de trabajos que debían haber ejecutado de acuerdo al contrato y no se hicieron.

La ley contempla la posibilidad de que la afianzadora, una vez declarada la resolución administrativa del contrato, puede pagar el monto total de la fianza, o en su defecto busque un nuevo contratista para subsanar los incumplimientos de TCT, y correspondería al MOP aceptar esa propuesta, indicó Carlos Gasnell, presidente ejecutivo del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, agregó que este procedimiento no está claro en la Ley de Contratación Pública.

Gasnell dio a conocer que “el ministro del MOP podría empezar el proceso de inhabilitación una vez se emita la resolución administrativa del contrato. La inhabilitación podría ser de tres meses a tres años, dependiendo de la reincidencia, de la cuantía del contrato y de la gravedad o el daño ocasionado al Estado por su incumplimiento”.

Según el jurista, el Ejecutivo puede iniciar un proceso civil contra la empresa por daños y perjuicios. Una eventual inhabilitación no tendría incidencia sobre los contratos que la empresa tiene actualmente en ejecución con el MOP, entre ellos el ensanche de la carretera entre Puerto Armuelles y Paso Canoas, y varios del programa de reparación de calles “trabajando por tu barrio”.

Gasnell apuntó que las inhabilitaciones rigen hacia futuro. La empresa se vería impedida de licitar durante el término que dure la inhabilitación, o de que les refrenden contratos que aún están en trámite y no han sido refrendados.

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