Avanza demanda contra Presidente Trump

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Un juez federal permitió  el avance de una demanda presentada contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cual se le acusa de violar una prohibición constitucional por haber aceptado donaciones y pagos extranjeros.
 El fallo del magistrado Peter Messitte, del Tribunal de Distrito de Maryland, determinó que los fiscales generales de ese estado y Washington DC, promotores de la acción legal, deberán enfocarse solamente en las operaciones de la Organización Trump en el área de esta capital.

Con esa delimitación, se incluyen en la demanda los pagos realizados por funcionarios extranjeros por los servicios en el Trump International Hotel, pero quedan fuera los relacionados con la residencia Mar-a-Lago, en Florida, u otras propiedades del gobernante republicano.

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Maryland y el Distrito de Columbia han argumentado que las operaciones del hotel Trump International en esta ciudad pusieron en desventaja competitiva a otros establecimientos de entretenimiento cercanos, y que la propiedad del presidente obtuvo concesiones fiscales especiales.

La decisión de Messitte permite continuar con el curso legal del caso, pero el juez no emitió ninguna resolución sobre las denuncias incluidas en la demanda, que acusa al jefe de la Casa Blanca de recibir regalos ilegales a través de los negocios de su familia, en violación de la Cláusula de Emolumentos de la Constitución.

Sin embargo, el magistrado señaló en varias ocasiones que los gobiernos extranjeros han trasladado los negocios desde hoteles como el Four Seasons y Ritz Carlton a la instalación del mandatario en Washington DC.

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Un gran número de residentes se ven y se verán afectados cuando los gobiernos estatales y extranjeros opten por alojarse, organizar eventos o cenar en el Trump International, en lugar de hacerlo en establecimientos comparables de Maryland o el Distrito de Columbia, apuntó el juez.

De acuerdo con el diario Baltimore Sun, la decisión de Messitte es un revés para el Departamento de Justicia, el cual sostuvo que los fiscales generales no tenían legitimación para presentar esa acción legal porque no podían probar cómo habían sido perjudicados.

‘Los demandantes han alegado hechos suficientes para demostrar que el interés de propiedad del presidente en el hotel ha tenido y casi seguro continuará teniendo un efecto ilegal en la competencia’, estimó Messitte.

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Además, el juez consideró preocupante el argumento defendido por la administración de que solo el Congreso puede aprobar o impedir que el presidente reciba emolumentos, porque el legislativo puede ser controlado por el mismo partido que el gobernante y elegir no hacer nada al respecto.

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