Campañas electorales y blanqueo de capitales en Panamá

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por Luís Fuentes Montenegro

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Todos los partidos políticos y todas las campañas electorales de todos los candidatos a puestos de elección para 2019, son vulnerables a la injerencia de elementos de delincuencia organizada y de instrumentos de blanqueo de capitales. Tal panorama es así, pues las condiciones estadísticas nacionales, internacionales y materiales de estas actividades criminales, ven en el campo político electoral una oportunidad de consolidar espacio de influencia y de operatividad.

Ningún candidato y ninguna campaña política electoral está exenta a que pueda ser penetrada por elementos de la  delincuencia organizada y por actos propios circunscritos al blanqueo de capitales. Frente a esta situación: ¿Qué hacer?

1, es prudente la toma de conciencia frente a dicho fenómeno que constituirían riesgos reputacionales, que podrían resquebrajar sus campañas, llevarlas al traste o conducirlos a situaciones penales embarazosas.

2, valorar la configuración de equipos que puedan desarrollar cronogramas de aplicación de supervisión interna, elaboración  de manuales muy prácticos para la puesta inmediata de medidas de prevención.

3, fundamentalmente en lo relativo a donaciones, manejos de fondos, pagos, adquisiciones de campaña, pues en el transcurso de los procesos electorales, coexiste un flujo de circulante monetario, ya que el recurso económico es consubstancial para el desarrollo de tales campañas.

En la medida que hayan candidatos, sobre todo los presidenciales, anuentes para acoger estas premisas, pero que igual se aplica a los de puestos a alcaldes, diputados, representantes, a los partidos políticos y a los candidatos de libre postulación, disminuye el riesgo de que sean objetos relacionados o involucrados en actos de blanqueo de capitales y/o propios de delincuencia organizada.

Cierto que las nuevas normas electorales establecen una mecánica preventiva en esta dirección y que ha llevado a cabo la puesta en marcha de algunas pautas con las cuales se debe cumplir y en la que el Tribunal Electoral tiene incidencia, pero la autosupervisión preventiva de los candidatos y de las propias campañas de cada uno, orientadas a minimizar costes de riesgos, sin dudas serían vitales que tuvieran iniciativas en esta dirección.

Un acto de blanqueo de dinero, por mera introducción de fondos provenientes de origen ilícito, puede dar al traste con campañas electorales y con las mejores opciones de un candidato.

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