Caso Odebrecht: El juego del gato y el ratón

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Polo Ciudadano

Por Olmedo Beluche

La crisis producida por los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht ha subido otro escalón con las denuncias mutuas, entre la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, de poner obstáculos a las investigaciones con el objetivo de garantizarles la impunidad a los empresarios y políticos involucrados.

Según la procuradora, Kenia Porcell, la jueza del caso atenta contra las investigaciones al imponerle, a la fiscalía, un plazo perentorio de dos meses para entregar su informe. Según el magistrado, Ayú Prado, la fiscalía viola las normas al proceder con arrestos preventivos de sospechosos a sabiendas que esa medida le obliga a cerrar el caso en dicho plazo.

Parece que tanto el Ministerio Público como el Sistema Judicial juegan al gato y el ratón, cada cual cometiendo supuestos “errores” procedimentales para que, al final del caso, por una u otra vía, siga prevaleciendo la impunidad y ninguno de los “monos gordos”, de los tres últimos gobiernos, salga condenado por el sistema de coimas implementado por la constructora que más contratos públicos ha tenido desde el gobierno de Martín Torrijos, hasta el de Jun C. Varela, pasando por el de Ricardo Martinelli.

Las informaciones que van sabiendo, tanto por las indagaciones aquí en Panamá, como las que proceden del caso investigado en Brasil, no dejan lugar a dudas: la corrupción de este caso manchó a los tres gobiernos, sus dirigentes y todos los partidos políticos tradicionales (PRD, Panameñista, Cambio Democrático y Molirena).

Este caso demuestra que la corrupción está en la médula del sistema político panameño impuesto con la invasión del 20 de Diciembre de 1989, y los partidos que lo han controlado. Un sistema político antidemocrático controlado, basado en multimillonarias campañas electorales que se financian con recursos de empresarios que buscan asegurarse jugosos contratos públicos.

Por las razones expuestas, la única forma de barrer la corrupción generalizada que afecta a los poderes del Estado panameño, consiste en que el pueblo se organice y se movilice unitariamente hasta forzar un cambio radical bajo la forma de una Asamblea Constituyente originaria y autoconvocada.

El pueblo panameño y sus organizaciones no deben caer en la trampa montada por sectores empresariales que han sostenido este régimen, y que en su momento respaldaron electoralmente a los ahora acusados de corruptos, que pretenden hablar desde la supuesta “sociedad civil”, y que en realidad son agentes de una de las fracciones burguesas que se pretende dueña de Panamá.

Ni “Cruzada Civilista”, ni Movin, ni falsa “sociedad civil”, agentes de la fracción de los Motta que apoyaron en su momento a Torrijos, Martinelli y a Varela. Tampoco caigamos en la trampa de apoyar una “comisión investigadora internacional” al estilo guatemalteco, que viole la soberanía popular. Movilización popular, unitaria e independiente para construir la alternativa de gobierno de las clases populares e imponer con la lucha la Constituyente originaria.

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