Cierran filas con Varela tras la demanda por polémica cárcel insular

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En un pronunciamiento el Gobierno de Panamá destacó que las operaciones clandestina del narcotráfico sigue siendo un  riesgo para la región, “más cuando se da el respaldo de personas con influencia política y de abogados que trabajan para estos grupos, sin tener presente los intereses de la nación o de la sociedad”.

Las autoridades del país, aquellas relacionadas a la lucha del narcotráfico, afirman que mantendrán su “lucha frontal contra el narcotráfico y sus principales cabecillas”, en reacción a una denuncia interpuesta por abogados en contra del Presidente de la República,  Juan Carlos Varela, por un controvertido penal insular, que los demandantes alegan es ilegal.

“Ninguna acción de los defensores de sujetos de alta peligrosidad disminuirá nuestra determinación y compromiso de seguir luchando para eliminar este flagelo que tanto afecta a nuestra sociedad”, señaló ayer  jueves un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

Resaltó además que en los últimos cuatro años se ha logrado en el país una baja de casi el 50 por ciento en la tasa de homicidios, de los que más del 70 por ciento “están relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado”.

Derechos humanos

“Como Gobierno respetamos los derechos humanos y reiteramos nuestra posición de seguir combatiendo a estos delincuentes para dar a Panamá la seguridad que se merece la sociedad panameña”, remarcó.

La acción legal contra Varela fue presentada por el abogado Kevín Moncada y dos colegas suyos, en representación de ocho privados de libertad que actualmente están detenidos en la cárcel La Mega Joya, tras su traslado desde el penal de Punta Coco, ubicado en una isla del Pacífico panameño.

Moncada dijo a los periodistas que la querella penal es por la presunta comisión de los delitos extralimitación de funciones, omisión de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad.

El abogado explicó que se procedió a querellar a Varela por desconocer dos fallos del Supremo panameño que declaran ilegal la cárcel de Punta Coco. El letrado resaltó concretamente que “se está pidiendo la separación provisional” del cargo y “la apertura, por parte de la Comisión de Credenciales específicamente, de un juicio al presidente por desobedecer fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

“Esto ha sido reiterado, y según hemos visto en declaraciones del propio mandatario en las que insiste en la terquedad de querer reabrir esa cárcel, pese a lo que la Corte ya dos veces le ha dicho y las llamadas de atención que organismos internacionales le han hecho a Panamá por el tema de Punta Coco”, afirmó Moncada.

Penal insular

En medios locales, incluyendo el canal local TVN,  se precisa que los demandantes están exigiendo una reparación global de 20 millones de dólares.  Varela dijo el pasado 27 de junio que espera que el Supremo del país reconsidere el fallo que declara ilegal dicho penal insular, ya que la inclusión de presos en esa cárcel facilita, en su opinión, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El pasado 15 de junio, el pleno de la CSJ declaró el encierro de once presos en la cárcel de Punta Coco como ilegal y ordenó su inmediato traslado a los centros penitenciarios donde se encontraban antes, a lo que el Gobierno accedió.
Punta Coco, se detalla en informaciones de Efe y medios locales ,  ubicada en una base militar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla del Rey, a más de 100 kilómetros al sur del litoral Pacífico panameño, ha sido señalada por sus duras condiciones de reclusión y aislamiento por diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La cárcel llevaba vacía desde agosto de 2017, pero el pasado 5 de junio el Gobierno panameño informó de que había trasladado allí a los once presos de alta peligrosidad tras acometer varias remodelaciones y adecuar las instalaciones a los estándares internacionales.

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