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Colegios particulares desconcertados por iniciativa legislativa

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La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP) organización que aglutina la mayor cantidad de centros educativos particulares laicos y no católicos de la República de Panamá, emitió un comunicado, firmado por su Presidente Gastón Faraudo, en la que considera oportuno hacer algunas aclaraciones sobre el anteproyecto de ley presentado por el Diputado Miguel Fanovich, que busca regular el tema del costo de las matrículas y otros temas de la educación particular.

Expresa el comunicado que todas las materias que pretenden incluir en las diferentes iniciativas de ley, ya están legisladas en debida forma y reglamentadas a través de diversos decretos ejecutivos que fueron emitidos desde 1996 hasta 2015, cuando se desarrolla el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación que en el presente está siendo implementado, a través de Decreto Ejecutivo 601, conforme indica la norma, in ningún inconveniente.

Señala que preocupa que algunos Honorables Diputados tomen decisiones que afectan a un sector que atiende 152 mil estudiantes, a través de 833 centros educativos particulares en todo el territorio nacional, justificando su decisión en casos excepcionales, y utilizando como base un Estudio No Probabilístico, según indica el propio informe de ACODECO (página 3) con una muestra de 50 centros educativos, lo que considera solo el 6% de la totalidad de escuelas privadas en el país (Análisis Comparativo de Colegios Particulares – Muestreo No Probabilístico).

Indica que llama la atención que los Honorables Diputados desconocen que el 70% de los colegios particulares tienen cuotas mensuales menores a los 150 balboas y que al menos 40 mil estudiantes de escuelas privadas son beneficiados con la beca universal, pues sus costos totales no exceden los mil balboas anuales.

Advierte que afectar a un sector que contribuye de manera importante a la educación nacional, aliviando la carga al erario que, por mandato constitucional corresponde al Estado, es ignorar que antes de culminar el mandato de la presente administración, Panamá asignará el 6% del Producto Interno Bruto a educación, lo que representa, en dos años, el equivalente a una nueva ampliación del Canal de Panamá y un costo por alumno que estará próximo a los 4 mil balboas anuales.

Esta realidad, que debe ser evaluada en el marco de los grandes desafíos que enfrenta el sector educativo oficial, que debiera ser la gran prioridad, hace evidente que, antes de intentar coartar la posibilidad que particulares participen en la creación y organización de centros educativos particulares, urgen más bien, normas que incentiven la actividad y que reconozcan a los padres de familia el alivio que representa al Estado, que sus hijos sean atendidos en el sector educativo particular, propuesta que la UNCEP ha impulsado desde hace 10 años.

Sostiene el comunicado que intentar descalificar el aporte de la educación particular al país, es desconocer los resultados que cada día sus egresados aportan a la sociedad panameña y limitar el derecho constitucional que tienen los padres de familia a escoger opciones diferentes a la educación oficial.

Sostiene el documento que los Honorables Diputados deben analizar los resultados del país en el Índice de Competitividad Mundial. Panamá, a pesar de ocupar el lugar 42, después de Chile, en lo que se refiere a calidad de educación primaria, está en un lejano puesto 99 de 136 países; y, en calidad de educación en Matemáticas y Ciencias, en el lugar 110. El Informe Estado de la Región 2016 indica que el gran reto de Panamá es la educación de calidad, lo que es calificado como un “dilema estratégico”.

Es menester que los Honorables Diputados, siempre piensen en la generalidad. Lamentablemente, solo el 12% de la población estudiantil de este país es atendida en el sector privado, mientras que el 88% no tiene opción distinta a la que ofrece el agobiado sistema de educación oficial.

Concluye el comunicado de la UNCEP, “Exhortamos a los Honorables Diputados a promover que existan más opciones educativas para todos los niños y jóvenes panameños, conforme preceptúa la Constitución Nacional, con mayor acceso a alternativas distintas a la educación oficial, gracias a los incentivos creados para tal fin, y no convertir a la escuela particular en una especie en extinción para la clase media y media baja.

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