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CSJ salva allegados de Martinelli con fallo

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El Segundo Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal adelantado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a prominentes miembros del círculo cero de el otrora presidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, a Felipe “Pipo” Virzi, Nicolás Corcione, Ricardo “Ricky” Calvo Latorraca, derivado de las actividades del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, a quien la Asamblea Nacional condenó por enriquecimiento injustificado.
La acción legal nacida en la Corte Suprema de Justicia, beneficia directamente a Julián París Rodríguez, Jorge Espino Méndez, Alberto Ortega Maltez, Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo, Óscar Iván Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y María del Pilar Fernández, esta última la esposa de Moncada Luna, quien guarda prisión en la Cárcel El Renacer.
Mediante un fallo de 23 de septiembre, rubricado por los magistrados Wilfredo Sáenz y María De Lourdes Estrada, archiva la investigación por haberse incurrido en lo que se conoce como “doble juzgamiento”.

Según los letrados, en el Expediente se violó la garantía del debido proceso, por el incumplimiento de las formalidades referentes a la formulación de los cargos por el delito de blanqueo de capitales.
El fallo, reseña que en el acuerdo entre el fiscal del caso, el diputado Pedro Miguel González y entonces magistrado Alejandro Moncada Luna, este último aceptó una pena de 60 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad.
Reseña el documento, que en el punto cuatro del pacto se establece que en el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación. Así mismo, plantea que con el acuerdo se eliminaron los cargos de blanqueo de capitales y corrupción, por tanto, al acusado solo lo declaran responsable por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad.
Razonan los administradores de justicia, que en el punto en referencia, se preguntan ¿cómo y en base a qué se han formulado cargos de blanqueo de capitales a personas allegadas al exmagistrado Moncada Luna, si a él le fue eliminada esa acusación?
El fiscal Pedro Miguel gonzález, una condenado Alejandro Moncada Luna a cinco años de prisión, remitió al Ministerio toda la documentación del caso para que se considerara la posible apertura de una investigación por la presunta comisión de hechos delictivos de personas allegadas al exmagistrado de la Corte, y del expresidente de la República Ricardo Martinelli.
En este sentido, lo fallado por los magistrados sostiene que al ordenar el cierre del proceso por parte de las magistradas de garantías Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy “es imposible judicialmente volver a iniciar una investigación por los mismos hechos”. “Por tanto no es posible volverlo a analizar en otro proceso judicial, según lo establece el artículo 32 de la Constitución Nacional”, reseña el documento.
Artículo 32 de la Constitución establece que “ nadie será juzgado, si no por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policial o disciplinaria”.
Sin embargo, el fallo no fue unánime, el magistrado Luis Mario Carrasco no estuvo de acuerdo con sus colegas, al afirmar que el acuerdo de pena suscrito entre el exmagistrado Moncada  Luna y el fiscal Pedro Miguel González eliminó los delitos de blanqueo de capitales y corrupción.
El magistrado Carrasco conceptúa que en este caso el acuerdo de pena ejecutado, se hizo por razones de conveniencia y como método expedito de solución de conflicto, que le permitió al Ministerio Público limitar el ejercicio de su acción penal, únicamente en cuanto a la persona de Moncada Luna, y que ello no implica que los delitos de corrupción y de blanqueo de capitales fueron acciones no ejecutadas.
Sostiene el jurista, que el acuerdo de pena no hace desaparecer los hechos pasados ni las conductas realizadas. A modo de ejemplo, sostiene que un acuerdo de pena en un caso de homicidio no hace desaparecer el homicidio, ni tampoco elimina la posible responsabilidad de los demás partícipes.
“Ningún delito desaparece por un acuerdo de pena y tampoco es correcto afirmar que las partes decidieron eliminar el cargo por blanqueo de capitales”, indicó.
Según las pesquisas que lleva adelante la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, las cuentas registradas a nombre de las sociedades Corporación Cubemu, S.A., Sarelen Corporation, S.A., y Corporación Luxol, S.A., todas en el Banco Universal, estaban directamente relacionadas con las sociedades empresas Omega Engineering, Inc., PR Solutions, S.A., All Caribbean Construction, Lam Services, Mediprex Investment, Constructora PV&V, S.A., Ingeniería KTM, S.A., que recibieron dineros de contratos de obras celebradas entre sus titulares y el Órgano Judicial, en el periodo en que Moncada Luna fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Lo actuado por el Segundo Tribunal Superior Penal cayó como balde de agua fría a los panameños y sorprendió a dirigentes de los diferentes sectores, que cuestionaron acremente el actuar de los magistrados.
La diputada Ana Matilde Gómez, quien fue una de las tres juezas que actuaron en el proceso seguido al exmagistrado Moncada Luna, dijó que le sorprende lo de “doble juzgamiento” y explicó que en la Asamblea se remitio todo el expediente al Ministerio Público para que hiciera las investigaciones, respecto a todo lo que no fuera de la competencia del Legislativo.
“Eso se puede confirmar en nuestra decisión… que ellos [los demás involucrados en el proceso] estaban fuera del acuerdo del fiscal y nosotras decidimos remitir todo al Ministerio Público”, resaltó.
Otra de las juezas del juicio al exmagistrado Alejandro Moncada Luna la diputada oficialista Katleen Levy, dijo que el fallo en cuestión es “desatinado”, además aseguró, que es un “nefasto precedente que produce impunidad”. “ Nosotras como juezas no liberamos las cuentas porque tenían que ser investigadas por el Ministerio Público”, añadió.
Por su parte, el diputado Adolfo Valderrama, que en ese momento ejercía como presidente del Legislativo, manifestó que la Asamblea Nacional solo juzga magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Los particulares responden a la justicia ordinaria, nefasto precedente este fallo, produce impunidad”.
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, manifestó estar “sorprendido”. “Puedo decirle que estamos sorprendidos con esa decisión, nosotros pedimos que se investigara a las personas vinculadas de alguna forma u otra, así como a las cuentas, transacciones y pagos que hizo el exmagistrado”. “Vamos a leer el fallo”, puntualizó.

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