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Disuaden marcha opositora en Nicaragua

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 Managua / EFE

Por Patricia Perna

“Vienen por nosotros”, grita una joven mientras corre calle abajo. Detrás, decenas de policías y antimotines se repliegan. La marcha “azul y blanco” que clamaba por una Nicaragua en rebeldía en contra de su presidente, Daniel Ortega, fue disuelta. No hubo heridos. Ni disparos. Pero sí mucho miedo.
Para el sábado poco después de mediodía, diversos colectivos y organizaciones habían convocado a una manifestación opositora al Gobierno nicaragüense desde la rotonda Cristo Rey bajo el lema “Marcha Nicaragua en Rebeldía. ¡No tenemos presidente!”.
En ese mismo lugar, se congregaron simpatizantes y trabajadores del Estado para apoyar a Ortega. Más de un centenar de antimotines y agentes de la Policía Nacional rodeaban los cuatro flancos.
Los autoconvocados se desplazaron unos metros más abajo y los gendarmes, según contaba una radio local, los empezaron a advertir de que esa manifestación era “ilegal”.
Los antimotines empezaron a rodearlos. A lo lejos se empezaron a escuchar detonaciones. Los agentes empezaron a lanzar bombas aturdidoras -“de luz y sonido”, les llaman-.
La gente empieza a correr y a resguardarse en sus casas: “Aquí, métanse aquí”, dice una señora detrás de un portón rosa mientras hace ademanes con la mano para que los periodistas puedan resguardarse.
A la vuelta de la esquina se escuchan más detonaciones. Una, dos, tres… Dos periodistas, camarógrafos internacionales, fueron asediados y golpeados.
“Me robaron mi casco y mi destrozaron mi cámara”, dice a los medios desconcertado uno de ellos, Jasser Leiva, mientras enseña una batería de su cámara destruida. “A nosotros nos lanzaron gases, ya les da igual”, grita otro de ellos.
Dos vecinos del barrio El Riguero, uno de los más emblemáticos e históricos de la capital, enseñan los envases de las granadas aturdidoras. Otra de las mujeres grita: “Se han llevado detenidos a varios muchachos”. No saben cuántos. Unos dicen que una decena. Otros más. No hay cifras oficiales.
En cuestión de quince minutos, quizá menos, la disolvieron. Eran pocos. Pero “esta es la lucha”, cuenta una joven que no dice su nombre y que critica que la policía salga a limpiar las calles de las marchas opositoras mientras los afines al Gobierno -“muchos trabajadores del Estado obligados”- pueden estar “tranquilos”.
“Como si las calles fueran suyas”, exclama.
Una decena de patrullas pasa una y otra vez por el lugar. En una de las camionetas uno de los agentes graba al grupo de periodistas que habla con los habitantes.
“Daniel, genocida, queremos tu salida”, grita una de las señoras a los agentes, que no se detienen pero que pasan una y otra vez. Dan vueltas constantes.
Esta es la primera manifestación que disuelven el Gobierno desde que la Policía Nacional advirtiera en la víspera que las protestas contra Ortega son “ilegales”, aunque las organizaciones humanitarias señalaron que la legislación local sí acepta las manifestaciones como un derecho constitucional.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno, sin embargo, niega los señalamientos y contabiliza solo 199 fallecidos durante estas manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.

 

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