El Supremo panameño reanuda una investigación contra Martinelli por sobrecostos

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En la imagen del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014. EFE/Archivo

Panamá, 27 ene (EFE).
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) cumple este jueves un año en el autoexilio mientras su equipo de abogados continúa hoy la batalla legal para desbaratar las seis causas penales, por supuesta corrupción, abiertas en su contra por el Supremo.
Martinelli, de 63 años y actualmente diputado de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), está en Estados Unidos, y muy activo en Twitter donde denuncia ser un «perseguido político» de quien fue su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, ahora gobernante de Panamá.
«Eso SÍ es culpa mía. No debí nunca aliarme con él en el 2009», publicó este miércoles Martinelli en Twitter en referencia al presidente Varela.
El exgobernante y magnate con intereses en diversos sectores económicos de Panamá salió del país rumbo a Guatemala, donde está la sede del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el 28 de enero de 2015.
Ese mismo día, el Supremo abrió la primera causa penal en su contra por la compra con supuesto sobrecosto de alimentos deshidratados a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Hoy el Supremo panameño, único ente que puede investigar y procesar a Martinelli por su investidura de diputado, convocó una audiencia para reactivar la investigación de ese caso.
Las averiguaciones fueron suspendidas debido a que el magistrado fiscal del caso de la comida deshidratada, Oydén Ortega, denunció en julio pasado la inconstitucionalidad de una ley que le impedía alargar las investigaciones más allá de dos meses.
El Supremo resolvió en noviembre de 2015 a favor del recurso de Ortega, quien solicitó la reactivación del caso el pasado 21 de diciembre, el mismo día que el pleno de magistrados ordenó la detención de Martinelli por un caso de escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, políticos, empresarios y periodistas.
Esta semana, el Supremo informó que ha iniciado la traducción del expediente de las escuchas ilegales, un primer paso en el proceso, para poder concretar la orden de detención del expresidente.
«Lo inverosímil es que está ordenando la detención preventiva de una persona que no se le ha imputado cargo, que apenas desde el punto de vista legal, tendría la categoría de investigado», sostuvo el martes Cristóbal Arboleda, uno de los defensores de Martinelli.
La defensa del exmandatario presentó en diciembre pasado un recurso de hábeas corpus contra la orden de detención que aun no ha sido resuelto por el Supremo.
Varios de los querellantes y víctimas de las escuchas exigieron esta semana que el Supremo emita en Panamá una orden de detención contra el exmandatario, para que sea capturado apenas pise suelo panameño.
Los abogados defensores aseveraron este martes que «la grave crisis moral» que atraviesa el Supremo, que cuenta con «jueces absolutamente desacreditados (…) que se acusan mutuamente de conductas contrarias a la ley», los «inhabilita para juzgar a Ricardo Martinelli o a cualquier otro ciudadano de este país».
El Supremo está en el ojo del huracán tras las recientes revelaciones de uno de sus nueve magistrados, Harry Díaz, sobre la supuesta intromisión del Gobierno de Martinelli en la Corte, y su frustración por no haber sido elegido presidente de la misma en un proceso interno celebrado este enero.
Díaz actúa como fiscal en la causa de las escuchas ilegales contra Martinelli, a quien acusó por delitos que suman hasta 21 años de prisión.
Además de al ex jefe de Estado, la Justicia de Panamá investiga a cerca de una decena de exministros y otros ex altos cargos del gobierno de Martinelli, y tienen impuestas medidas cautelares que van desde la detención hasta presentación periódica ante la autoridad.

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