Los huérfanos del femicidio

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Las secuelas que deja la violencia de género o la violencia intrafamiliar en los menores de edad, sobre todo cuando son testigos de la muerte de su madre en un hecho trágico en la que su padre o su padrastro fue el protagonista, cuesta sanarlas, porque las heridas son profundas.

El siguiente relato está basado en un hecho real, solo se cambiaron los nombres de los afectados, a fin de proteger sus identidades.
Ana Lucía, de 39 años, quien residía en el Majagual, en la provincia de Veraguas, jamás se imaginó que el segundo intento por construir una nueva familia le costaría la vida.
Su primera relación amorosa, de la cual engendró cinco hijos que ahora tienen 9, 13, 11, 17 y 20 años, terminó con una ruptura definitiva, debido a las agresiones físicas y verbales que sufrió por 22 años.
Tras dos años de su separación, Ana Lucía conoce, en una actividad bailable, a Tomás Argüelles, de 49 años, con quien no tuvo hijos, pero sí una relación tormentosa por tres años, en la que los celos fue la tónica diaria.
El 27 de febrero de 2014 transcurría como un día normal; sin embargo, a eso de las 11:30 p.m. la casa donde vivía Ana Lucía con sus hijos fue sacudida por la presencia de Tomás, que no lograba sostenerse en pie producto del consumo de bebidas alcohólicas.
Mercedes Pardo, de 20 años, nos relató que ese día su padrastro llegó agitando un machete y, sin mediar palabra con su mamá, le propinó un machetazo en la cabeza y en otras partes del cuerpo, hasta provocarle la muerte. “Mi madre murió desangrada”, dijo entre sollozos.
Como pudo—recuerda– trató de salir de la habitación, pero su padrastro agarró el machete nuevamente y le amputó la mano derecha y los dedos de la mano izquierda; mientras que a su hermano, de 17 años, lo hirió en la pierna izquierda, en la espalda y en la cabeza.
Este hecho sangriento fue presenciado por sus hermanitos de 9, 11 y 13 años, que actualmente reciben atención psicológica.
Han transcurrido dos años desde este suceso que marcó para siempre la vida de estos jóvenes. Hoy Mercedes, por su discapacidad, recibe los beneficios del programa Ángel Guardián, que le permite cubrir los gastos para la rehabilitación de sus brazos. Por este crimen, Tomás Argüelles fue condenado a más de 30 años de prisión, por los cargos de femicidio y tentativa de homicidio agravado.

Las muertes son cada vez más violentas
Geomara Guerra de Jones, fiscal Primera Superior, dijo que lamentablemente los casos de femicidio van en aumento y las muertes son cada vez más violentas.
Señaló que 2014 concluyó con 25 femicidios y 14 tentativas, mientras que de enero a noviembre de 2015 se registraron 16 tentativas de femicidio y 28 femicidios, y otras muertes violentas no clasificadas como femicidio; en tanto,  17 de estas muertes se suscitaron en la ciudad capital y 4 en Panamá Oeste.

En lo que va de 2016 se han registrado 4 femicidios, 2 en la provincia de Colón, 1 en Panamá Oeste y 1 en la provincia de Chiriquí. Igualmente, 2 tentativas de femicidio.
De acuerdo con la normativa penal, Artículo 132 A del Código Penal, este tipo de delito contempla penas de 25 a 30 años de prisión.
La ciudad de Panamá encabeza las estadísticas de femicidio debido a la gran aglomeración de personas, con relación al interior del país donde ocurren menos casos.
“Doctrinalmente se clasifica el femicidio íntimo, de mayor ocurrencia, que se produce de la relación doméstica de parejas o dentro del hogar, donde por lo general el homicida utiliza arma blanca. Fuera de este escenario, el homicidio no íntimo, por extraños, se utiliza arma de fuego en la mayoría de los casos”, explicó la fiscal.
Agregó que casi siempre el móvil para cometer estos femicidios es por consideraciones machistas, de que la mujer es propiedad del hombre y cuando esta decide terminar la relación, ocurre la tragedia.
En muchos de estos homicidios hay odio, asegura la fiscal, es por ello que los especialistas que han profundizado en el análisis de este delito lo clasifican como “crímenes de odio”, y se cometen con saña.
Fue enfática al señalar que con cada mujer muerta queda una familia desamparada, niños huérfanos y se afecta a la familia de generación en generación, por la tristeza y el dolor que le trasmiten a todos sus descendientes y ascendientes, que muchas veces produce otras muertes como el suicidio, sobre todo en jóvenes que han visto morir a su madre.
Atención a las víctimas
Yamilka Troncoso, secretaria de la Secretaría de Protección a Víctimas de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público (MP), reveló que en 2014 se atendieron a nivel nacional 5,722 personas por diferentes hechos de violencia y en 2015 unos 4,193.
Aseguró que estas personas, entre niños, adultos y ancianos, han sido atendidas a través de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el proceso penal (UPAVIT), ubicadas en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, Panamá, Colón y en el distrito de San Miguelito.
“Las víctimas del delito tienen un papel preponderante y es un compromiso institucional del MP velar por su protección en todas las etapas del proceso penal”, subrayó Troncoso.
La Secretaría de Protección a Víctimas se crea mediante la resolución de N° 15 del 25 de marzo de 2014, traza las directrices a nivel nacional sobre las estructuras de todas las UPAVIT, que están integradas por psicólogos, trabajadores sociales y asistentes legales.
Troncoso, con más de 18 años de ejercer la psicología, detalló que los casos que se atienden en todo el país van desde violencia doméstica, maltrato al menor, víctimas secundarias de homicidios y femicidios, víctimas de trata y tráfico de personas, víctimas de robo, hurto, lesiones personales, delitos contra la libertad y la integridad sexual (violación, abuso sexual, actos libidinosos, entre otros), “Hay víctimas que nos llegan en crisis, afectadas emocionalmente por la agresión del delito que a veces no pueden declarar y tenemos que intervenir ”, aseguró.
Dijo que diariamente en la sede de la UPAVIT, en la ciudad capital, ingresan de 12 a 15 expedientes en promedio, por diversos delitos, que atienden profesionales de la psicología, en horario rotativo, por lo que cuando inicie el SPA en el Primer Distrito Judicial, en septiembre de 2016, se requerirá fortalecer las UPAVIT a nivel nacional con al menos 40 a 50 de estos profesionales.
Las UPAVIT cuentan con un protocolo de atención integral a víctimas y testigos de delitos contra la libertad y la integridad sexual, así como un manual para la utilización de la Cámara Gesell. Actualmente la primera Cámara Gesell se encuentra habilitada en la unidad regional de Chiriquí y es la primera de cinco cámaras más, que gestiona el MP.
La especialista explicó que el acompañamiento a las víctimas se lleva a cabo durante todo el proceso penal, donde está funcionando el SPA, “la demanda de atención de una víctima en el SPA es 24 horas los siete días de la semana, es decir, si el delito se comete a las dos o tres de la madrugada y la víctima requiere estabilizarse emocionalmente, alojamiento, alimentación, asistir a medicina legal, el equipo de la UPAVIT ofrece este servicio, que no tiene costo económico para los afectados.
“Realmente lo que priva es ayudar a la víctima y brindarle apoyo emocional, porque aunque el delito sea el mismo, no todas las personas tienen la misma capacidad de sobrellevar el dolor”, puntualizó Troncoso.

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