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Identifican a los accionistas de la empresa cerrada en España e investigada por estafa

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Quito, 15 mar (EFE).- Los hermanos Oscar y Edgar Z. y Marcela V. fueron identificados como los principales accionistas de la empresa de paquetería OGC, cerrada la pasada semana en España e investigada por supuesta estafa y evasión tributaria en Ecuador, informó hoy la Fiscalía General del Estado (FGE) del país andino.
Se calcula que unos 5.000 ecuatorianos residentes en España fueron perjudicados por el cierre de la compañía, a través de la cual enviaron a Ecuador sus bienes, que reclaman desde entonces.
El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae) informó el viernes de la identificación de 38 contenedores en el puerto de Guayaquil (suroeste) vinculados con la empresa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador abrió ese día una segunda investigación, por estafa, en relación con la empresa ante decenas de denuncias presentadas por personas perjudicadas y de forma paralela a un primer proceso por evasión tributaria.
El fiscal general del Estado de Ecuador, Galo Chiriboga, quien el pasado 11 de marzo se reunió en Madrid con afectados y solicitó la apertura de una investigación a la Fiscalía española, envió ayer una carta para formalizar su petición.
En el escrito, Chiriboga notifica los hechos objeto de investigación, que afectan a ecuatorianos acogidos al “Plan Retorno-Bienvenido a Casa”, por el que los emigrantes obtienen precios más bajos a los del mercado para enviar el menaje de sus casas a su tierra natal.
La Fiscalía ecuatoriana indicó hoy que la empresa OGC Logistic, “constituida bajo leyes españolas con domicilio principal en Madrid”, posee oficinas en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca y Murcia.
El ministerio público explicó que los tres accionistas, de los que no dio mayores detalles, figuran con “domicilio desconocido”.
Los consulados y coordinaciones zonales de Ecuador atenderán los casos de los afectados por el incumplimiento de la empresa, indicó el viernes la Cancillería del país andino, que aseguró que trabaja junto con el Senae y la Fiscalía en las investigaciones para conseguir que los perjudicados reciban una reparación.

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