Imprescriptibilidad en actos corruptos pasa al Ejecutivo

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Ayer fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 514.
Las investigaciones contra los funcionarios públicos y empresarios vinculados en actos de corrupción contra la administración pública serán imprescriptibles, de convertirse en ley de la República el proyecto de ley 514, que ayer fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El documento aprobado establece además que cuando una persona jurídica es usada o creada para cometer delitos, siempre que sea beneficiada, se le sancionaría con la inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, de manera permanente.

También se incluyó una norma para inhabilitar para contratar con el Estado a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o haber realizado acuerdos de pena o colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo o contra la seguridad colectiva.

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De igual manera, según el proyecto de ley, también se inhabilitará para contratar con el Estado a las personas jurídicas con más del 51% de las acciones de una sociedad, dignatarios y representantes legales condenados por sentencia definitiva por estos delitos.

Según la norma aprobada, además de incluir como imprescriptibles los delitos contra la administración pública, tampoco prescribirá la investigación en los delitos como la tortura.

Uno de los proponentes del proyecto, el estudiante de derecho Juan Diego Vásquez, dijo estar feliz por el avance logrado, a pesar de que, según explicó, no se aprobó incluir la suspensión de la prescripción en funcionarios vinculados a estos delitos mientras el mismo esté ejerciendo el cargo.

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En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez calificó como un grave error procesal el incluir al colaborador eficaz e inhabilitarlo de contratar con el Estado.

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