Invasión de tierras: ¿Quiénes son los responsables?

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Por: Dagoberto Franco

Apropiación de tierras como abuso
Lcdo.Dagoberto Franco, presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente

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Ya es una costumbre reiterada del Presidente de la República, inmiscuirse públicamente en las decisiones de otros órganos del Estado. Y es que, el hecho de opinar ya sea en favor o en contra de una causa que no es de su competencia, desvirtúa la objetividad con la que deben actuar quienes son los llamados a tomar una decisión.

La última intromisión del Presidente en asuntos que no le competen, fue dirigida en contra de los Alcaldes, a quienes amenazó públicamente. Y al parecer, estas amenazas han envalentonado a sus subalternos quienes ahora pretenden ganar protagonismo culpando a los alcaldes de las invasiones de tierras, como es el caso del encargado de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) que acusa al Alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró de dilatar el desalojo de los invasores que ocupan un terreno del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es una realidad que las invasiones de tierras han proliferado en los últimos 20 años, lo que está asociado al aumento de la población y consecuentemente la falta de viviendas accesibles a las familias de bajos recursos. Sin embargo, no deja de ser cierto que hay personas que se aprovechan para lucrar de la necesidad de los invasores y les cobran por el acceso a un lote de terreno. En esos casos le corresponde a los afectados identificar a estas personas para que sean sancionadas por la autoridad competente.

El encargado de la UABR, con estas denuncias en contra del Alcalde de Arraiján, pretende resolver a través de los medios de comunicación y por las redes sociales, lo que no pueden resolver en estricto Derecho. Y es que, si bien es cierto que quienes ocupan estos terrenos son invasores, no es menos cierto que vivimos en un Estado de Derecho, aunque imperfecto, que se debe respetar. Entonces, le corresponde a la UABR a través de sus abogados, ejercitar su derecho ante la autoridad competente.

Si observamos la falta de coherencia de las denuncias de la UABR con la realidad procesal, nos damos cuenta que están transitando por un atajo que no tiene salida. Y es que entre otras cosas se señala que con el silencio administrativo que guarda el funcionario (refiriéndose al Alcalde), el proceso se tranca y se impide que se realice otro trámite para avanzar. El Alcalde no puede dar una respuesta en relación a un proceso de Lanzamiento por Intruso que está radicado en la Corregiduría de Veracruz y que ni siquiera hay una Resolución de primera instancia.

Según la UABR “le ha notificado en más de una ocasión de que los terrenos correspondientes a la finca 182954 han sido invadidos, y Sánchez Moró no ha respondido”. Cómo va a responder si el expediente no está radicado en la Alcaldía. Se queja también la UABR de las supuestas tácticas dilatorias  que le permite la Corregiduría al abogado de los invasores porque se han fijado dos fechas de audiencia y el jurista a pesar de estar notificado telefónicamente no se presentó a la audiencia. Los abogados de UABR deben saber que las llamadas por teléfono a los abogados en estos procesos no constituyen una notificación formal. En consecuencia, les corresponde a los abogados de UABR hacer todas las diligencias que sean necesarias para hacer efectiva la notificación al abogado defensor y evitar estos retrasos.

Es un error de la UABR pretender resolver por vía mediática y no judicial la demanda de Lanzamiento por Intruso que tiene en contra de los invasores. Mal puede esta unidad culpar al Alcalde por su incapacidad de hacer valer el derecho que tiene sobre los terrenos que ocupan los invasores.

*El autor es presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente

 

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