Justicia social en Iberoamérica mejora pese a la crisis

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Niños chilenos conmemoran el Día Internacional contra el Trabajo Infantil en Santiago de Chile. EFE/Archivo

(EFE)-Madrid
La justicia social en Iberoamérica, región formada por los diecinueve países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra, mejoró en los últimos años a pesar de la crisis económica que trajo consigo recortes en los servicios sociales de muchos países.

La justicia social, cuyo día internacional se celebra hoy, es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones, de acuerdo a la definición de Naciones Unidas, quien añade que ésta se defiende al promover la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.

Dicho derecho fundamental mejoró “sensiblemente” en la región iberoamericana, según dijo a Efe el responsable de programas especiales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Holman Jiménez.

En América Latina, la segunda región más desigual del planeta, los niveles de pobreza pasaron del 43,9% de 2002 al 28% de 2014, cuando 58 millones de latinoamericanos dejaron atrás esta condición a la que aún pertenecen 167 millones.

“Aún tenemos mucho que hacer, pero pese a todo, hemos tenido grandes avances”, asegura Holman, quien pone como ejemplo ámbitos como la igualdad de género, el acceso escolar o la protección de las cotizaciones a la seguridad social de los migrantes.

En ese sentido, recuerda que uno de los grandes logros de la OISS fue la elaboración del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que ya han suscrito 15 de los 22 países iberoamericanos para proteger los derechos de los migrantes.

En cuestión de igualdad de género, más de setenta millones de mujeres se incorporaron al mercado laboral en los últimos quince años aunque de estas apenas el 47,3% están empleadas, frente al 73,5% de los hombres.

“Los gobiernos han tomado conciencia de que tienen que impulsar políticas públicas para mejorar la vida de las personas, sobre todo los que están en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres”, explicó.

Asimismo, el acceso a la educación primaria de las mujeres se equiparó a la de los hombres en América Latina y el Caribe, mientras que por los 100 hombres en educación secundaria hay 107 mujeres y el balance en la superior es de 127 mujeres por cada 100 hombres.

Para Holman, un trabajo de concienciación con todos los sectores de la sociedad tanto los más pequeños como los adultos es “vital” para erradicar la violencia de género, así como la promoción de leyes nacionales que protejan a las mujeres.

Sobre las personas con discapacidad, veinte de las 22 constituciones de los países de Iberoamérica hacen referencia a esta condición y 21 países están adheridos a convenciones internacionales de protección.

A estos datos se suma que catorce países cuentan con una legislación que obliga a la contratación de un porcentaje de personas con discapacidad, así como que ocho dan preferencia en procesos de licitación pública a empresas que les contraten y quince dan incentivos por contratarles.

El ex secretario general de Imserso José Carlos Baura, miembro de la Unión Democrática de Pensionistas, comparte el análisis positivo de la OISS aunque precisa que existen “grandes diferencias” entre los países de la región.

Para Baura, uno de los campos en los que más se ha avanzado ha sido en la protección de las personas mayores, con países como Paraguay, -“uno de los menos desarrollados”- que, a su juicio, “está haciendo un trabajo muy importante” para defender los derechos de este grupo.

“Hay una perspectiva de avance en la región, de ir subiendo escalones, pero debemos ser conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer” en la justicia social en Iberoamérica.

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