‘El mal llamado proyecto ley de muerte civil’

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Por: Jorge Zúñiga  Sánchez

No pasa un día en el que las noticias nos informan sobre un derroche de fondos públicos. Preocupa tanto ese insaciable afán de lucro de algunos funcionarios, así como la ineficacia de los controles legales, garantes de la transparencia en el uso de los recursos estatales.

Las carencias presupuestarias se reflejan en la baja calidad de los servicios públicos, provocando que el malestar ciudadano haya llegado a la ira, pues se respira en el ambiente la idea que nada pasará a los autores de esas presuntas anomalías.

En una sociedad democrática, la comunidad tiene derecho a exigir “justicia para el culpable”, pero no puede pretender que se imponga una sanción penal o administrativa, no porque así opina un comentarista. Es peligroso que se induzca el reproche social, dependiendo de las simpatías o antipatías individuales, ya que se pone en riesgo la independencia del juzgador, y que ese sentimiento colectivo de justicia, devenga en venganza.

En este contexto se produce una iniciativa de jóvenes universitarios, que busca que la Asamblea Nacional a través de una ley, endurezca las penas accesorias en los delitos Administración Pública.  Se pretende imponer “de por vida”, una inhabilitación para contratar con el Estado, al funcionario declarado responsable, una vez cumplida la pena de prisión aplicada o subrogada.

De plano, consideramos que aunque el castigo se compadezca con la magnitud del malestar ciudadano, esto no es válido como argumento para superar los límites y potestades sancionatorias del Estado.

La falibilidad de los juicios humanos impide toda condena de por vida. Con el proceso penal no puede reproducir el  pasado. Es la simple sensación de certeza creada sobre la responsabilidad del procesado, el fundamento de la sentencia condenatoria, sin desconocer que con que con nueva evidencia disponible se pueda modificar  el resultado de la valoración inicial del Juez.

Para el procesamiento de los actos de corrupción a través de nuestro “moderno” sistema acusatorio, importan las delaciones  y “los arreglos”, más que la imposición de la pena de prisión.

A causa de la falta de regulación del acuerdo de pena, se vienen validando  transacciones convenientes a  los intereses del funcionario imputado, pero altamente perjudiciales a los intereses nacionales. En realidad, es  la vía administrativa (jurisdicción de cuentas) la más eficaz en la recuperación de los recursos mal  habidos, pues posee mayor rigor en el tema cautelar.

En la sede administrativa, y a diferencia de lo que pasa en la justicia ordinaria, no son permitidos “esos” arreglos a la medida de la conveniencia del investigado, a quien se le acepta “negociar”, sólo devolviendo la totalidad de los dineros ilícitamente sustraídos.

Entre esos ajustes están, la limitación provisional a contratar con el Estado, el “congelamiento” total del patrimonio de la sociedad o del particular investigado, el que aún cuando lo hubiera comprometido en su “arreglo judicial”, seguirá a disposición del Tribunal de Cuentas, para asegurar si fuera el caso, su posterior ejecución.

Con el Proyecto de “Muerte Civil”, no facilitará la recuperación de los bienes mal habidos; simplemente se impondrá una restricción al derecho de ejercer actividades comerciales a algunos empresarios y funcionarios corruptos, sanción que es fácilmente desatendida, por medio de testaferros.

No perdamos de vista, que lo que a la gente ofende, es ver por la calle a esos honorables ciudadanos, disfrutando de lo que les quedó del arreglo judicial, sólo limitados a hacer negocios con el Estado.

 

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