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Ministerio Público evalúa presentar recurso de casación

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El salvamento de voto de Luis Mario Carrasco magistrado del Segundo Tribunal Superior Penal, concluye en que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada,  Luna nunca fue exonerado del delito de blanqueo de capitales y el Ministerio Público (MP) puede hacer cargos a quienes participaron en ese delito.

El razonamiento jurídico del administrador de justicia se encuentra inmerso en el fallo que anuló el proceso a 14 personas del llamado “círculo cero” del hoy diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN),Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, sobre quienes pendía una investigación por supuesto delito de blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con las del exmagistrado de la CSJ,  Alejandro Moncada Luna.

El magistrado Carrasco, reseña en su salvamento de voto, si bien Moncada Luna no fue acusado de blanqueo de capitales como parte del acuerdo de pena que suscribió con el diputado Pedro Miguel González, quien actuaba como fiscal de la causa en el proceso que se le siguió en la Asamblea Nacional, ello no exime a las otras personas de ser investigadas por la supuesta comisión de ese delito.

El jurisconsulto, discrepó con sus homólogos Wilfredo Sáenz y María De Lourdes Estrada, pues considera que en dicho proceso es “perfectamente factible formular cargos por blanqueo de capitales”, sosteniendo, que el acuerdo entre Moncada Luna y la Fiscalía, no es ovice para haber incurrido en ninguna causal de nulidad, tal como lo plantearon Sáenz y Estrada en la sentencia del pasado 23 de septiembre.

El salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco expone en seis páginas, el porqué de su desacuerdo con el pronunciamiento esgrimido por sus compañeros de sala Wilfredo Sáenz y María De Lourdes Estrada, quienes declararon nulo todo lo actuado en el proceso adelantado al perredista, exvicepresidente de la República y socio de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, Felipe “Pipo” Virzi, al empresario de la construcción y miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal Nicolás Corcione y Ricardo Ricky Calvo, este último considerado por Pipo Virzi como un “hijo putativo”, y a otras 11 personas más, relacionadas con las actividades del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna. quien purga condena en el centro penitenciario El Renacer.

Las investigaciones eran adelantadas por La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en relación a la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, el magistrado Carrasco expone, a manera de ejemplo, que las razones esgrimidas por sus colegas “son inexistentes”, por lo que, agrega, la investigación se ha visto interrumpida “de forma aparatosa e inusitada”.

Carrasco es del criterio, que el proceso debió concluir como lo dispone el ordenamiento procesal aplicable para luego ser sometida al escrutinio del juez natural. “Observo en primer lugar que la pretensión que ha generado el pronunciamiento que ahora cuestiono nace con la presentación de un incidente de nulidad por falta de competencia promovido por el representante legal de la sociedad Corporación Cubemu, S.A. quien se identifica como un tercero afectado”, argumentó.

Posteriormente sostiene que la Corporación Cubemu no es un imputado en esta causa y tampoco es querellante. “Es una persona jurídica que sin enfrentar cargos que impliquen responsabilidad penal mantiene un interés patrimonial vinculado a la investigación”. En la realidad es cierto, debido a que el recurso llegó a los administradores de justicia, por la acción legal interpuesta por el abogado Gilberto Pérez, miembro de la firma forense José María Castillo & Asociados, exsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, durante la administración del estrella verde (partido demócrata cristiano) de José Antonio Sosa, actuando en nombre de Corporación Cubemu.

Lo interesante del magistrado Carrasco, es su señalamiento en torno a que la declaración de nulidad y el archivo de la causa no es motivo regular para dar por terminado “un negocio penal”. A la vez que se pregunta ¿Qué ha sucedido en el caso que nos ocupa?. Explicando que en este caso, el tribunal de segunda instancia, y ni siquiera el juez natural de primera instancia, ha intervenido durante la etapa sumarial antes de agotar la investigación, y ha deducido, so pretexto de una causal de nulidad, que el fiscal no puede seguir investigando.

Mientras que los magistrados Wilfredo Sáenz y María De Lourdes Estrada, en la sentencia exonerativa, ambos plantean, que en este caso se violó la garantía del debido proceso, debido al incumplimiento de las formalidades referentes a la formulación de los cargos por el delito de blanqueo de capitales.

Coligen ambos juristas que en el acuerdo entre el fiscal del caso Pedro Miguel González y Moncada Luna, este último aceptó una pena de 60 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad.  Agregando que en el punto cuatro de ese mismo pacto, se establece que el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación. “Con el acuerdo se eliminaron los cargos de blanqueo de capitales y corrupción, por tanto, al acusado solo lo declaran responsable por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad”.

Pero la posición del magistrado Carrasco, radica en la necesidad que el Ministerio Público finiquite la investigación iniciada dentro de los plazos que contempla la ley, manifestando que esta actuación debe ser sometida al “escrutinio calificador del juez de la causa, quien en ese momento está facultado para reconocer nulidades o cualquier otra irregularidad que reclame un remedio jurisdiccional”.

Los magistrados Wilfredo Sáenz y María De Lourdes Estrada, respectivamente tienen su historial dentro de sus acciones administradoras de justicia, el primero estuvo a cargo del caso de la playa de Juan Hombrón, en el que negó una apelación del MP y ratificó la liberación de Anabelle Villamonte, allegada al exministro de la presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, en el gobierno de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, autoexiliado en Miami, hace un año, esto le costo una recusaión por parte del exjuez Alexis Ballesteros, por supuestamente haberlo presionado para fallar a favor de Ricardo Martinelli.

Mientras, que la magistrada María De Lourdes Estrada, estuvo encargada del proceso por el incendio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, fue parte de la terna de magistrados que falló el caso de los envenenamientos masivos con el jarabe contaminado con dietilenglicol, y lo mas extraño que solo aparece un retrato hablado en la base de datos del Internet.

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