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Preocupa fallo judicial por proyecto minero en Panamá

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Un fallo de la Corte Suprema  de Justicia (CSJ) en Panamá contra una ley que dio vida a una concesión minera hace más de 20 años ha generado un espinoso debate sobre el efecto que pueda tener en un proyecto de cobre de 6.400 millones de dólares, así como reclamos por la incertidumbre jurídica que despierta entre los inversores.

Esta semana se conoció el fallo judicial que declara inconstitucional el Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997 “Por el cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla”, en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM).

Tanto el Gobierno panameño como la canadiense First Quantum, propietaria de Minera Panamá, que ahora controla la concesión que le fue prorrogada hasta 2037, han afirmado que consideran que el fallo solo afecta a la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 y no se pronuncia sobre el contrato de concesión.

Pero el CIAM,  se explica en informaciones de EFE,  una reputada organización ambientalista panameña, afirma que el fallo anula la prórroga de la concesión, porque “todos los contratos y concesiones de distinta naturaleza que Minera Panamá ha obtenido bajo el amparo de la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, deben declararse nulos también”.

El socio director del Estudio Jurídico Araúz y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, consideró en una conversación con Acan-Efe que el fallo “causa incertidumbre, crea suspicacias” y afecta la “credibilidad” del país ante diversos actores, entre ellos los inversionistas extranjeros.

En ese mismo sentido se pronunciaron la Cámara Minera y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que consideraron que este tipo de situaciones espanta a los inversionistas foráneos, que traen a Panamá la mitad de todos los flujos de inversión extranjera en Centroamérica, de acuerdo con datos de organismos internacionales.


Más allá del debate que se ha generado en torno al alcance del fallo, ya que una “línea muy delgada” separa una serie de conceptos contractuales y jurídicos, el experto dijo que, a su entender, la sentencia “dejó abiertos temas que debieron ser explicados de forma más profunda”.

“Si el fallo iba a crear un precedente en materia de protección al medio ambiente pudo ser más abundante y enriquecedor” respeto a explicar “la doctrina probable” que se aplicará “a partir de este fallo”, que “no tiene validez judicial hasta que no salga en Gaceta Oficial”, añadió.


Y la publicación en la Gaceta Oficial puede tardar un tiempo, probablemente extenso, si la empresa Minera Panamá solicita, por ejemplo, una aclaración de sentencia, afirmó el letrado.


Ya la firma canadiense dijo esta semana que Minera Panamá “está en el proceso de obtener y examinar formalmente el fallo y su aplicabilidad, y está trabajando con las partes apropiadas para identificar los recursos legales adecuados”, los cuales “necesitarían ser analizados por la Corte Suprema”.

El Ministerio de Comercio e Industria afirmó que Minera Panamá “está en su legítimo derecho de hacer las consideraciones legales pertinentes”, y que espera “que las mismas sean analizadas en estricto derecho y cumpliendo de leyes”.

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