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Regularán los anuncios clasificados

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Este miércoles 5 de octubre se aprobó en primer debate en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que regula la publicación de anuncios clasificados en Panamá. La iniciativa fue presentada por el diputado suplente del opositor colectivo político Cambio Democrático Agustín Sellhorn.

“Nace producto de la práctica que se realiza en los anuncios clasificados de los periódicos de circulación masiva nacional, en la sección de anuncios varios o personales, en que se divulgan ofertas de dudosa moral que atentan con las buenas costumbres y que podrían encubrir actividades ilícitas o temas de salud pública”, dijo el político durante la discusión de la norma.

Mientras que el diputado experredista y ahora miembro de Cambio Democrático, Héctor Valdés Carrasquilla, presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte, afirmó su compromiso de permitir la participación de todos los sectores involucrados en el tema, por lo que se les dio cortesía de sala a representantes de la sociedad civil, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud para que nutrieran el debate.

No todo está claro dentro de la propuesta en discusión, dado que la misma excedería esta finalidad, ya que la aplicación se basa en criterios ambiguos e indeterminables, como prueba está el segundo artículo del proyecto, que señala que su rango de aplicación encierra los anuncios clasificados “o de cualquier tipo”, con el objetivo de que el contenido de los anuncios no contraríe “la moral o las buenas costumbres”, así como otros tópicos “que estimen convenientes”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Panamá es signataria, en su artículo 13; reconoce el derecho a la Libertad de Expresión, entendiéndose como el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de su elección. Mientras que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al derecho a la libertad de expresión, es amplio porque protege a cualquier persona; cubre cualquier tipo de informaciones, ideas u opiniones, y ampara cualquier medio que se elija para buscarlas, recibirlas o difundirlas.

Según la CIDH, la moral pública no se refiere a la moral de cierto grupo o sector de la población, sino más bien a la moral inherente a una sociedad pluralista y democrática. De modo que no está permitido, en nombre de la moral pública, restringir el derecho a la libertad de expresión para hacer prevalecer una visión particular del mundo sobre los demás.

El proyecto del diputado suplente Sellhorn, tampoco prevé sanciones de ningún tipo para los medios de comunicación que publiquen anuncios contrarios a la moral o las buenas costumbres. Obliga, eso sí, a los periódicos, revistas y publicaciones digitales a establecer un sistema de “autorregulación” con base en criterios y procedimientos.

Los cuales serán diseñados por una “junta consultiva” que estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea, uno por el Colegio Nacional de Periodistas, otro por el Sindicato de Periodistas de Panamá y el sexto designado por los editores de los periódicos de circulación nacional.

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