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Trasfondos de la nueva ley de abogados.

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Por Luis Fuente Montenegro

El proyecto de ley 249 que pretende modificar la Ley 9 de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, sin dudas puede que tenga propósitos nobles, pero la misma conlleva un sinnúmero de aspectos peligrosísimos que paradójicamente atentan contra los propios abogados, por tanto es inoportuna, desacertada, socialmente excluyente y jurídicamente pisotea el marco constitucional.

1, Cierto que día a día crece el número de profesionales de la abogacía que creen y actúan sin ningún sentido ético, e incluso algunos hasta han incurrido en situaciones delicuenciales trastocando la naturaleza de una profesión liberal admirable.

Sin embargo, ello no debe dar pie, para que en vez de abordar y atacar las causas verdaderas de esa situación, se aproveche para, por un lado, poner nuevas cortapisas a quienes quieran ejercer el derecho a la educación y algún convertirse en un abogado y por otro lado, en trasfondo se quiera crear condiciones para sólo favorecer elites sociales-económicas en el ejercicio de la abogacía. Ojo.

2, el proyecto en cuestión plantea dos situaciones delicadas para los abogados. La primera, tiene que ver con los obligatorios exámenes para obtener idoneidad, copiando modelos anglosajones en una sociedad de tradición jurídica románica. La segunda situación, apunta hacia la salomónica “actualización continua” que debe tener el abogado.

3, el exámen para obtención a la idoneidad en un país donde la institucionalidad perdura resquebrajada, donde el juega vivo está a lo orden del día, donde la incidencia política y las confabulaciones de grupo son pan nuestro de cada día, es para preocuparse. En la práctica, ello tan sólo será una cortapisa para quiénes no forman parte de supuestas elites o firmas rimbombantes o no puedan hacer alardes de influencias, impulsadas por amiguismo, conciábulos políticos. El susodicho exámen, pretende resolver desenfocadamente, el dilema ético de algunos abogados, y no apunta al verdadero meollo: el negocio de la educación, en donde así de fácil cualquiera se gradúa en derecho y ciencias políticas, muchas veces asistiendo una vez por mes a clases y desconociendo qué es la Pirámide de Kelsen. En nada ayuda a resolver esa propuesta, es más, es atentatoria al derecho de los futuros abogados.

Amerita al respecto, no un exámen, manipulado por unos cuantos y posteriores de la culminación de estudios universitarios, sino la revisión de planes de estudios de la carrera de derecho, sobre todo en aquellas donde se obtiene en menos de cinco de años. Amerita allí, ampliar el asunto ético desde el engranaje académico y previo. Ojo con dicha intención, que a la vuelta de esquina desemboca en elites exclusivistas dentro de la profesión que nada o poco tiene que ver con ėtica, capacidad, talento, honestidad y conocimiento.

4, La educación continua no es un tema obligatorio en ninguna sociedad avanzada. Se trata de un sistema, una oferta que debe garantizarse y hacerse más accesible, para que día a día el profesional puede incursionar en temas de su interés en lo que quiera o necesite ahondar. Es otro asunto propio de la educación superior y que cada universidad sabrá programar y orientar. De allí, a obligar a que los abogados cada tres meses tengan que asistir a un “curso de actualización”, definitivamente es cosa de país subdesarrollado, pues lo que sí crea, es un constante mercado de eternos estudiantes-abogados que deberán costearse dichos cursos.

Me parece que las propuestas so pretexto de mejorar la imagen del abogado, con ninguna de las dos ha de lograrlo, al contrario, crea situaciones de riesgos para el ejercicio de la profesión y facilita mecanismos de exclusiones.

Ojo señores abogados y estudiantes de derecho. La proliferación de abogados, no necesita de medidas que vayan contra el derecho a la educación, el derecho a elegir oficio y el derecho a ejercerlo.

De buenas intenciones está lleno el mundo, pero no todas las intenciones aunque se digan buenas, lo son. Detengamos tal absurdo.

Atentamente,

El autor Luis Fuente Montenegro es  abogado, catedrático universitario y analista político

 

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